viernes, 9 de diciembre de 2016

Cineastas cristianos de Minnesota defienden sus derechos religiosos

La Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda en nombre de dos cineastas cristianos que no quieren ser obligados a prestar sus servicios en bodas gay.
Carl y Angel Larsen son los dueños de Telescope Media Group en Minnesota."Todo el propósito de Telescope, independientemente del proyecto que estamos haciendo, es glorificar a Dios y hacer mucho de Él en cada proyecto que hacemos", explica Carl. Ellos dicen que proveer servicios de producción para bodas gay viola sus creencias religiosas. Con la ayuda de ADF están desafiando una ley de Minnesota que los obligaría a producir videos que promuevan el matrimonio entre personas del mismo sexo. "El departamento de derechos humanos ha sido muy agresivo declarando en su sitio web y en otros comunicados oficiales que tienen la intención de hacer cumplir la ley", explica Jeremy Tedesco, de ADF. "Una ley que tiene penas criminales como parte de lo que podrían enfrentar son multas e incluso pasar un tiempo en la cárcel". ADF dice que el gobierno no debe obligar a los artistas a crear arte con un mensaje específico. "Los cineastas no deben ser amenazados con multas y cárcel simplemente por estar en desacuerdo con el gobierno", agrega Tedesco.
Él cita a la diseñadora de moda Sophie Theallet, quien recientemente anunció que no diseñaría ropa para Melania Trump porque no quiere usar su empresa y sus talentos creativos para promover opiniones políticas con las que no está de acuerdo. "A pesar de que la ley en D.C. prohíbe la discriminación de ‘afiliación política’, cualquiera de nosotros realmente piensa que la diseñadora debe ser amenazado con multas y prisión", pregunta Tedesco. "Los Larsens simplemente buscan ejercer estas mismas libertades, y es por eso que presentaron esta demanda para desafiar la ley de Minnesota". Aunque la ley de Minnesota no obliga a las organizaciones religiosas a realizar matrimonios del mismo sexo, prohíbe que las empresas nieguen los servicios de bodas. Las penas por violar la ley incluyen el pago de una multa civil, daños punitivos de hasta $25,000, y hasta 90 días en la cárcel.

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